Resumen

Texto

1. Motivaciones personales.

Ciertos valores como la justicia, la paz, el diálogo, el respeto, el reconocimiento de la alteridad, los derechos humanos y el compromiso social son algunos de los pilares que he tenido la oportunidad de experimentar en diferentes etapas y en distintos campos de acción tanto en el horizonte personal como en el profesional. Principalmente, la aspiración de un mundo más justo y pacífico ha motivado mis formas de pensar y de actuar cotidianas.

En 1994,  desde el Ministerio de Justicia, hemos diseñado   e impulsado con MARÍA G. RODRÍGUEZ QUEREJAZU la gestación de los primeros centros de mediación comunitaria y la capacitación de actores sociales en diferentes puntos del país.

Desde aquel inicio hasta la actualidad he tenido el privilegio de trabajar en gestión constructiva de conflictos con múltiples actores, ya sea desde la función pública en mi país, desde  la docencia o la intervención en diversos países de la región y  de Europa. Diferentes personas representativas de  lo  social han nutrido y edificado mi conocimiento y visión sobre la temática. El fluir del enseñar aprendiendo pudo ir reformando las estructuras rígidas que hacen al contenido  programático con el cual muchos aprendemos mediación. Debido a ello, planteo cada vez con mayor certeza que para comprender la mediación comunitaria –tanto en lo vecinal como en lo social– debemos hacer una matriz de doble entrada donde la teoría y la práctica sean parte del mismo proceso. Además, se requiere de un compromiso social y un conocimiento de los escenarios y las dinámicas en las cuales nos proponemos intervenir.

La discusión con colegas en encuentros, evaluaciones, talleres y congresos, e incluso el cruce de perspectivas con quienes he compartido la experiencia de escribir en coautoría acerca del saber y hacer de la mediación  como LILIANA CARBAJAL (con quien seguimos pensando de modo permanente alrededor de estas temáticas), MARÍA G. RODRÍGUEZ QUEREJAZU y CÉSAR RO-JAS RÍOS, me permitieron edificar conceptos que se renuevan en el debate y el hacer cotidiano.

Valoro mucho el aprendizaje en procesos que se sostienen en el tiempo con un enfoque integral y transformador como el de la conflictividad social en la reforma agraria y el rol de la prensa en los conflictos en el Estado Plurinacional de Bolivia, compartido con Francisco Diez; la temática de la seguridad y la convivencia en el ámbito de la salud en la provincia de Santa Fe, abordado desde la etapa del diseño y luego la intervención junto con Nilda Hernández y Eleonora Avilés; la tarea de sensibilización y formación en Italia de diferentes actores (socia- les, funcionarios municipales, policías comunitarios, etc.) y la intervención en conflictos de los barrios de Génova que diseñamos y abordamos con JUAN C. VEZULLA, MARA MORELLI y DANILO DE LUISE; los procesos de capacitación y las plataformas de alerta temprana con múltiples actores sociales en Montevideo, que cuenta con el involucramiento activo de los municipios descentralizados, agentes municipales, policías comunitarios, así como también la participación directa en conflictos barriales del Ministerio de Desarrollo Social que realizamos desde la Defensoría de las Vecinas y Vecinos de Montevideo, a cargo de la doctora Ana Agostino. Asimismo, resalto en este mismo sentido, la experiencia compartida en promoción del diálogo en situación de encierro que se plantea desde la Procuración Penitenciaria de la Argentina que cuenta con operadores y colegas que tienen una mística encomiable y que están permanente- mente motivados por Mariana y Alberto Volpi.

También rescato las reflexiones y experiencias compartidas con FADHILA MAMMAR y CARLOS GIMÉNEZ a partir de la experiencia de operadores en cuestiones interculturales del preciado Cemsi de Madrid y las mediaciones familiares –con objetivos pedagógicos– que llevamos adelante en Mar del Plata con Marinés Suares.

Por último, destaco el haber podido trabajar con diferentes Defensorías del Pueblo de la Argentina y de la región, tanto en capacitación como en el diseño de estrategias para abordar la conflictividad social. Personas amigas y colegas, lugares, espacios, encuentros, todos me han enriquecido.

Este recorrido ha consolidado mi inclinación hacia la mediación comunitaria visualizada con un sentido social y un en- foque desde los derechos humanos; estimo que es fundamental imprimir esta visión a la gestión constructiva de conflictos para que esta se constituya como un motor social, “emancipa- torio” y transformador.

2. Algunas consideraciones sociales.

El capitalismo, y su correspondencia en una sociedad de consumo, se ha acelerado de forma inédita con la globalización y, con maneras diversas, llegó para quedarse entre nosotros. En su aspecto más radical, lo que HARVEY, prestigioso urbanista, llama el “capitalismo de acumulación por desposesión”, y su  consecuencia: la exclusión social y espacial o territorial. Esto es, algunos adentro y otros afuera del sistema, la misma idea de democracia se complejiza y no garantiza los mismos derechos a todas las personas. Se multiplican barreras y fronteras materiales y simbólicas, que marcan distancias muy concretas, que profundizan la desigualdad social y asientan la diferencia con una individuación negativa que puja por la subsistencia y que no encuentra ni el camino, ni mucho menos la entrada, al mundo de la inclusión.

De este modo, se produce una clara distinción entre aquellos que son considerados humanos, cuyas vidas son vividas y sus muertes lloradas; y aquellos cuerpos ininteligibles, cuyas vidas son desechables y, de hecho, desechadas. Dicho de otro modo, los códigos y normas sociales y culturales que definen lo humano y que, por lo tanto, construyen a ciertos individuos como sujetos, son aquellos que simultáneamente privan a otros de la posibilidad de adquirir ese estatus. Así, tanto la distinción como la exclusión son  ingredientes  de  la  misma  fórmula.  De allí que el encuentro con el otro no resulta fácilmente   en el reconocimiento y  la  reciprocidad,  sino  que  antes  bien el reconocimiento y la respuesta ética frente al otro se encuentran estructurados por relaciones de poder fuertemente asimétricas que condicionan  –o disputan–  aquello  que  será o no reconocible.  En este punto,  cabe destacar que  se  trata de una configuración social que, si bien es presentada como natural y ahistórica, es el resultado de un entramado complejo, de relaciones de poder históricamente situadas y que, por lo tanto, puede ser transformado y políticamente disputado.

En cualquier caso, la desigualdad, la fragmentación. La segregación o autosegregación social y espacial son, tal vez, los rasgos que caracterizan nuestro tiempo. Ocurre que, como señala el mismo HARVEY: “El planeta como terreno de construcción choca con el planeta de ciudades miseria. Periódicamente esto acaba en revuelta”[1]. Así, se abre la pregunta: ¿contamos con dispositivos de análisis y de intervención, y con la actitud para abordar estos escenarios?[2]. Luego, debemos hacernos la pregunta –provocativa, por cierto– que nos plan-  tea como título de su libro DUBET[3], y aplicarla a tantas otras formas de las que tanto nos quejamos o decimos querer trans- formar desde nuestro campo.

En este sentido, resulta necesario exponer el carácter ex- cluyente y exclusivo de la democracia, desnaturalizar sus normas de inteligibilidad y ampliar los límites de lo posible, abriendo paso a la construcción de una sociedad más justa y más inclusiva, que reconozca la diversidad, una sociedad con capacidad –y voluntad– de reflexionar sobre sí misma, sobre la relación con los otros.

Con este mismo horizonte, LACLAU y MOUFFE han desarrollado el proyecto de la “democracia radical y plural” orientado a la producción de articulaciones hegemónicas que tengan  en cuenta el abanico de posibilidades en su radical heterogeneidad. “El pluralismo es radical solamente en la medida en  que cada uno de los términos de esa pluralidad de identidades encuentra en sí mismo el principio de su validez, sin que esta deba ser buscada en un fundamento positivo trascendente –o subyacente– que establecería la jerarquía o el sentido de todos ellos, y que sería la fuente y garantía de su legitimidad. Y este pluralismo radical es democrático, en la medida en que la ‘autoconstitutividad’ de cada uno de sus términos es la resultante de desplazamientos del imaginario igualitario”[4].

Vale, entonces, reiterar la pregunta: ¿contamos con dispositivos de análisis y de intervención, y con la actitud para abordar estos escenarios?

 3. Las asimetrías y la ética del mediador

El resultado del mundo en el que estamos insertos es que las tensiones y fricciones se generan no solo por una situación vincular entre las partes de un conflicto, sino a partir también de la imperante situación social, del lugar asignado para cada uno en la sociedad, en ocasiones como cuestión estructural y que se le presenta irreversible.

En el escenario social, urbano, territorial, en donde se manifiestan los conflictos, las contradicciones y la demanda  de otro orden social. Estos problemas, en ciertas ocasiones, tienen manifestaciones sintomáticas de una mera fricción que al no contar con un tercer lado o un operador que pueda colaborar para contener o encausar el curso de la acción, puede escalar con altas dosis de violencia y esa expansión puede resultar incluso en hechos irreparables. Otros conflictos por su amplitud y por su escena de disputa, tienen carácter público en los que los actores interpelan, con una diversidad de estrategias de distinta radicalidad, a los poderes fácticos, sean estos de or- den estatal o privado. En estas situaciones suelen suscitarse, junto con la violencia y su expansión, hechos igualmente irreparables.

Es preciso visualizar la situación, las condiciones, el carácter y la brecha que hace posible una intervención. Desde aquí se trata de estructurar un umbral de partida: quienes se postulen como operadores de conflictos deben  asumir que  no se trata de voluntarismo, sino de un saber y un hacer complejos, y una ética que sepa distinguir cuándo y cómo inter- venir.

Ese piso de sustento requiere la construcción de nuevos saberes interdisciplinarios que confluyan –y reconfiguren– el campo de la mediación comunitaria o que establezcan un nuevo campo: mediación social. Se trata –otra vez– de una instancia, pero una que requiere de saberes especializados y específicos, procesos múltiples, un compromiso y una ética a la altura de la situación. Esto es una intervención no para acallar, “pacificar”, o mantener el statu quo, sino para poder iniciar un proceso de transformación social que será seguramente conflictivo y confrontativo.

En ocasiones, como nos enseñó el “conflicto de las pape- leras” (Uruguay-Argentina), es necesario sostener o estimular las tensiones cruzadas para evitar o desestabilizar la polarización. Se trata de procesos y espacios en los que en el inicio tal vez nadie sabe cómo hablar con nadie, pero que en el proceso puede encontrarse un lenguaje común.

Por último, debemos estar atentos a una indicación del gran pensador BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS, en cuanto al sentido “emancipatorio” de estos procesos. En este enfoque, quien promueve o financia el proceso puede estar gravitando sobre él. Una de las fórmulas con la que seguramente hemos “simpatizado” –y hemos promovido– en este campo es la de “acuerdos o pactos de convivencia”. Sin embargo, no hemos estado atentos a que estos pueden resultar en un sistema de “control social” o de “paz negativa”. Esto es, un modo de normalizar las acciones, las actividades, “los modos” de aquellos que en mayoría –o con mayor poder– imponen un modelo de convivencia basado en la restricción de libertades de los otros. Es preciso entonces tener claro quién promueve el proceso, y su lugar de poder en la situación. No se trata entonces de desestimar términos o fórmulas, sino de problematizarlos.

No debemos soslayar que los factores reales de poder en forma habitual suelen colonizar y determinar el funcionamiento de ciertas instituciones públicas.

Esta funcionalidad ha erosionado el sentido épico de la mediación comunitaria, allí donde debería prevalecer el fortalecimiento, potenciación y desarrollo del disenso. Por ello, considero que es precisamente en ese umbral de partida que se debería incorporar con mayor énfasis la cuestión ética.

En definitiva, ¿podemos pensar que la mediación tenga como horizonte únicamente garantizar la tranquilidad o “armonía” social sin importar la concreción de los derechos re- clamados? Evidentemente no. La tranquilidad o “armonía” social debería ir de la  mano  del  aseguramiento  del  goce  de los derechos reclamados, que generalmente se encuadran dentro de los derechos humanos.

4. La mediación comunitaria como instrumento para alcanzar la paz y acceder a  justicia.

La  necesidad  institucional de descomprimir la carga del Poder Judicial en contraposición con la cultura de la paz fueron dos valores que pulsearon, de modo contradictorio, en el transitar de la instauración de la mediación.

La pretensión de incluir a los diferentes ámbitos de desarrollo de la mediación en general y la comunitaria en particular bajo el paraguas de cultura de paz o del acceso a justicia,  nos obliga a plantearnos si verdaderamente se han alcanzado esas motivaciones, dado que hay diversos intereses superpuestos y contrapuestos, especialmente los que provienen de las necesidades del propio sistema judicial que han convivido duran- te el despliegue de acciones para que la mediación se imponga como parte complementaria del sistema de justicia.

El camino recorrido por la mediación comunitaria nos permitiría inferir que se está convirtiendo o podría convertirse en un apéndice de los aparatos y necesidades estatales. Contrarrestar ello implica profundizar su génesis como herramienta de los sectores y grupos sociales cuyos derechos se han visto vulnerados y generan visibilidad mediante la protesta social.

Las visiones encontradas se extienden incluso al Poder Judicial que al tener que actuar frente a un acontecimiento social toma partido generalmente a favor del punitivismo y no hace pie en el marco normativo que resguarda y garantiza los derechos fundamentales de las personas. A modo de ejemplo,  en   el conflicto del Parque Indoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tomaron partido dos ámbitos competenciales distintos (contencioso administrativo por un lado y penal contravencional por el otro), la materia penal basada en  la intrusión logró criminalizar a los responsables de la protesta y se impuso sobre la ponderación judicial de necesidad de garantizar agua, baños químicos, vivienda digna y el interés superior del niño. El  “fin del  conflicto”,  en  realidad  el  “fin  de la ocupación”: dos o tres muertos y un “censo” (registro) con  la promesa de gestionar una  solución  habitacional,  pero  que en realidad resulta, otra vez, una forma de exclusión, la forma –maldita– del olvido (no se materializaron soluciones habitacionales).

Esto también acontece con las cuestiones indígenas, en las que al chocar derechos prevalece el relativo a la propiedad so- bre el de la tierra o se legisla sin tener en cuenta el Convenio 169 de la OIT, y en las que cualquier cuestión que afecte a sus derechos debe ser consultada de modo previo.

En cuestiones socioambientales son innumerables los casos en la región donde son desatendidas y desestimadas judicialmente las demandas sociales y se permite llevar adelante emprendimientos sin la mensura objetiva y necesaria sobre el impacto ambiental, social y cultural.

En donde existe tensión de derechos de un mismo rango normativo (ninguna norma prevalece sobre otra), un derecho debe ceder a favor del otro y esta ponderación interpretativa la lleva adelante el juez. Vemos cómo, habitualmente, el interés empresario –en nombre del desarrollo– prevalece judicialmente sobre el social.

Por ello, al pensar a la mediación  como  complementaria del sistema judicial podríamos caer en una reproducción nociva que asentaría la desigualdad jurídica que, en lo operativo, en estas temáticas sociales se manifiesta de modo palmario.

De este modo “no hay, ni mucho menos hacemos, paz, ni garantizamos el acceso a justicia”, dado que solo estaríamos, desde la mediación comunitaria, representando un  eslabón  más de una cadena de funcionalidades de todo un sistema que responde –con mucha más preponderancia– a los intereses de los poderosos.

 5. La mediación comunitaria a futuro

En el campo de la conflictividad social urbana la mediación comunitaria se ha abierto paso como una institución “teóricamente” fiable para tramitar conflictos vecinales y sociales. Por ello, no solo la capacitación de los operadores es fundamental, sino que su visión, su punto de apoyo y su umbral de partida imponen tener mucho más que una caja de herramientas o un bagaje teórico que se agota en los insumos de un curso o taller de formación  de mediadores, su conocimiento y experiencia de vida. Requiere de nuevos saberes, un posicionamiento en las ideas y un compromiso social a la altura de la situación. Por ello, estimo fundamental la sensibilización de múltiples actores tanto sociales como institucionales (esto tiene que ver con la difusión y también con la constitución de potenciales integrantes de un tercer lado), pero en el momento de institucionalizar la figura  de la persona que lleve adelante el rol de la mediación comunitaria debemos contemplar la amplitud, la profundidad y la integralidad de su formación teórico-metodológica, además de su actitud para intervenir en un escenario y un conflicto en su multifactorialidad, su multidimensionalidad y su temporalidad compleja.

Al referirse al urbanismo en clave neoliberal, MANUEL DEL- GADO  lo define como “el  riesgo de consolidar lo que se opone a   la sociedad urbana, lo que la niega y la destruye en el transcurso del proceso mismo que la crea”[5].   Durante el año 2013 con dos amigas y colegas (PATRICIA ARÉCHAGA y FLORENCIA BRANDONI) hemos recorrido las distintas provincias promoviendo el debate con los mediadores sobre la cuestión ética y los “dilemas éticos” del mediador[6]. Esa experiencia me ha permitido tomar conciencia de la necesidad de pensar de nuevo y trabajar por un campo que debemos mejorar. Esto significa hacer pie –especialmente en el campo social– en el peldaño ético para que la labor del mediador comunitario no haga cierto el riesgo de consolidar lo que se opone a la mediación, lo que la niega y  la desprestigia, en nombre de una paz social que invisibiliza las desigualdades y las exclusiones sociales, culturales y espacia- les, que vulnera o niega derechos, y que no asume la diferencia, la libertad y la dignidad de las personas.