Resumen

Texto

1.         Sobre mi experiencia en mediación y mi visión de ella

Esta comienza en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, ya avanzado el año 2011.

Luego de mi formación como mediadora había encarado junto a dos colegas un pequeño proyecto de mediación de carácter privado, que, por diferentes cuestiones, no prosperó. Casi en simultáneo, supe de la creación de la Defensoría provincial, e intuí que por su mismo espíritu era el ámbito adecuado para implementar una propuesta de mediación comunitaria. Con una claridad hasta el momento inusual acerca del destino que quería para mi vida laboral, logré incorporarme a ese organismo todavía en gestación. Desde esa experiencia, desde ese contexto y con la mirada puesta en la implementación de la mediación comunitaria como un servicio social en el marco de las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia en los conflictos sociales urbanos, voy a compartir aquí mis impresiones, agradecida por ser parte de este constructo de reflexiones.

Vuelvo al 2011, y veo un camino transitado con dificultades, pero sobre todo con resistencias. En ese entonces, la mediación comunitaria no estaba en la agenda pública bonaerense.

No había sistematización de las pocas y atomizadas experiencias existentes, salvo un mapeo que había sido realizado por la Fundación Mediadores en Red.

Hice mi formación básica como mediadora, incentivada por alguien muy cercano y muy querido que percibió que la mediación era “para mí”, pero sin saber muy bien si podría aplicarla al ámbito educativo donde trabajaba o qué iba a hacer con todo eso más adelante. A la vez, como estudiante del Traductorado Público Nacional de Francés, encontraba algún punto de conexión entre mi curiosidad por los idiomas, sus semejanzas y sus diferencias, y esa otra “traducción” que de alguna manera me proponía la mediación, esa otra forma que puede tomar la facilitación de la comunicación. Pero desconocía las inmensas posibilidades que brinda la mediación en el ámbito comunitario, más allá de esa suerte de corazonada que tuve al querer ser parte de la Defensoría del Pueblo.

Tomar conciencia del gran déficit de las políticas públicas provinciales y municipales en materia de gestión participativa de conflictos comunitarios (primero informalmente y luego mediante un relevamiento en los ciento treinta y cinco municipios bonaerenses) nos llevó como equipo de gestión de conflictos de una Defensoría del Pueblo con competencia provincial a tener que diseñar estrategias de promoción y difusión del dispositivo, pero también de legitimación interna. Con esto último me refiero a las propias resistencias institucionales en el interior de un organismo en el que, a pesar de su espíritu joven e innovador, se imponía la lógica judicial de la confrontación a la hora de dar tratamiento a los conflictos.

Ese mapa provincial de municipios que apostaban a la mediación comunitaria como un dispositivo válido, eficaz y democrático de abordaje de conflictos no difiere demasiado del actual: si bien se han incorporado nuevos servicios de mediación, otros han sido suspendidos y el porcentaje se mantuvo siempre en un 10 %.

Las políticas a nivel nacional, desde la experiencia del trabajo compartido y sin ánimo de identificarme con ninguna de aquellas gestiones con las que me ha tocado interactuar, felizmente se han sostenido e incluso profundizado.

2.         El mediador y la comunidad coconstruyendo ciudadanía en el marco de una política pública

            En un sistema democrático con perspectiva de derechos humanos, la mediación comunitaria y los métodos participativos de abordaje de conflictos representan una gran oportunidad para las comunidades en lo que hace al ejercicio de una ciudadanía más plena y de un control más amplio de sus vidas.

El hecho de empoderarse en la búsqueda de opciones, de considerar alternativas y construir acuerdos a la medida de sus necesidades promueve dinámicas de relacionamiento más saludables y cooperativas basadas en el respeto por el “otro”.

La mediación comunitaria implementada por el Estado como un servicio social no debe perder de vista dos de sus grandes objetivos, la prevención de la violencia y la recomposición de los vínculos sociales, y debe sacar el máximo potencial de ellos. En esta inteligencia, la tarea de mediadores comunitarios conocedores del territorio, de sus códigos, su cultura y sus valores resulta clave.

Sin pretensiones de originalidad en este punto, no quisiera dejar de mencionar algunas de las características con las que debe contar todo mediador comunitario: vocación social de servicio, interés, compromiso y solidaridad ante el otro. La perspectiva de derechos humanos y el respeto a la diversidad constituyen condiciones sine qua non para el desempeño del rol. Además, debe ser honesto y paciente, con capacidad para escuchar al otro así como para generar empatía. La ética y la credibilidad también deben acompañarlo, y debe contar con una apertura tal que le permita ser creativo y tener sentido del humor. Por último, pero no menos importante, la incorporación de la perspectiva de género a la mediación es hoy un imperativo.

La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, Uruguay, como parte de su política de “transversalización” del enfoque de género en todas sus estrategias institucionales, lleva adelante el proyecto “Mediación Comunitaria con Perspectiva de Género y DD.HH.”, que cuenta con el apoyo de la Unesco.

En un material recientemente publicado expresan: “La mediación comunitaria es una herramienta que puede contribuir a generar relaciones en las cuales todas las partes resulten beneficiadas. Ello es así en tanto a través del diálogo pueden llegar a tomar decisiones basadas en su autodeterminación

[...] La perspectiva de género aporta a este proceso una mirada consciente sobre las manifestaciones de las desigualdades de género en los procesos de mediación incorporando conocimientos y herramientas que permiten identificar los desbalances y manejarlos con miras a democratizar las relaciones y potenciar las capacidades de autodeterminación” 1

Esta mirada sensible a las dinámicas relacionales entre mujeres y varones basadas en roles preasignados por la cultura resulta útil para el análisis del conflicto, así como para promover en las partes la reflexión sobre ciertas percepciones y conductas (no me refiero aquí a los casos de violencia de género), y para la selección de las técnicas que los mediadores utilizarán en pos de equilibrar el poder.

Vuelvo al rol del mediador comunitario y a las capacidades con las que debería contar. Sin la legitimación de la comunidad no podrá desempeñarse como operador de conflictos ni como un verdadero agente de cambio. Para ello no basta con legitimarse durante el proceso específico de mediación.

El rol ideal que a mi entender debería desempeñar un mediador comunitario está íntimamente ligado a su presencia territorial. Un mediador comunitario “de escritorio” no puede desplegar las posibilidades que el dispositivo ofrece. Esperar en una oficina a que ingrese una solicitud de mediación comunitaria sería desaprovechar la potencia del servicio y del impacto que puede generar en términos de cambio cultural allí donde se aplique. La sensibilización, la difusión de la herramienta y la capacitación de la comunidad en habilidades comunicacionales son tareas tan importantes (si no más importantes aún) como llevar adelante el proceso de mediación propiamente dicho. Si el objetivo final es que las personas se reconozcan autónomas y capaces de tomar las riendas de sus propios conflictos en la búsqueda de una salida que se acerque todo cuanto sea posible a sus necesidades, si el mediador comunitario es en definitiva quien promueve en ellas la capacidad de decidir cómo gestionar sus propias disputas de forma cooperativa, no violenta y más democrática y si a lo que aspiramos es a la emancipación, entendida como la asunción de la responsabilidad en tanto habilidad de generar respuestas propias, me pregunto por qué esperar a que las partes estén sentadas frente a una mesa.

Así como el mediador comunitario necesita de la legitimación de la comunidad, la comunidad también necesita sentirse legitimada como parte del proceso de fortalecimiento y consolidación de los valores democráticos que proponemos quienes nos dedicamos a la gestión participativa de conflictos.

Pienso, entonces, en una construcción conjunta que requiere más de una legitimación: la de la comunidad al mediador comunitario y la de las instituciones del Estado a la comunidad.

Vinculo esta última legitimación al peligro de caer en la implementación de políticas públicas de participación ciudadana pour la galerie, en la que la sociedad no se siente verdaderamente escuchada ni tomada en cuenta en los procesos de toma de decisiones. El sentido de pertenencia a una comunidad se construye a partir del respeto, de la inclusión y de la igualdad, entre otras cosas. Sin pertenencia no hay responsabilidad ni motivación para apropiarse de la conflictividad y abordarla de manera cooperativa.

Si aspiramos a comunidades empoderadas y comprometidas activamente con la búsqueda de salidas a sus propios conflictos, los mecanismos de acceso a la justicia no deben transformarse en un “como si”. Los dispositivos estatales de abordaje participativo de conflictos no deben perder de vista que todas y cada una de las personas de la comunidad son sujetos de derechos, no objetos, y que es sobre esa base que se construye cualquier propuesta de participación. Es decir, el Estado debe garantizar el efectivo goce de los derechos cumpliendo con sus deberes innegables e ineludibles, a la vez que promueve la emancipación de las personas.

3. ¿Hacia dónde vamos?

Así como al principio de este artículo hice una mirada retrospectiva para poder pensar la evolución de la mediación comunitaria a partir de mi todavía breve experiencia, pienso ahora prospectivamente y aspiro a que la mediación comunitaria y todos los métodos participativos de gestión de conflictos se consoliden como dispositivos de prevención y de promoción de escenarios dialógicos, en un contexto social que parece complejizarse cada vez más.

La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, en un intento por responder a los desafíos de la globalización en materia de derechos humanos, incluye el derecho a la paz. También componen este manifiesto otros derechos emergentes, como el derecho a la participación, a la ciudad o al espacio público, entre otros. Estos, que constituyen gran parte de los reclamos de la sociedad, requieren que las instituciones del Estado implementen instrumentos adecuados y eficaces para satisfacer estas nuevas demandas y las tensiones que ellas generan.

Asimismo, la paz social, entendida no como ausencia de conflictos, sino como ausencia de violencia, requiere del trabajo en red de las distintas instituciones del Estado junto con las organizaciones de la sociedad civil. El desafío consiste en cómo tramitar los conflictos asegurando equidad, igualdad de posibilidades, acceso a la justicia, bienestar y respeto por los derechos humanos.

La promoción de sociedades pacíficas e inclusivas es parte de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El objetivo 16 habla más precisamente de “paz, justicia e instituciones sólidas”. Son metas que entre otras cosas persiguen la reducción sustancial de todas las formas de violencia.

Proponen, así, el trabajo con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos. En este sentido, el fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos serán de vital importancia.

Anhelo que las comunidades puedan apropiarse de la mediación comunitaria y de los métodos participativos de prevención, abordaje y resolución de conflictos en general como verdaderas propuestas de interlocución con el Estado, donde encuentren la legitimación necesaria para ejercer activamente la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. Los temas relacionados con el medioambiente y el uso de los recursos naturales en tensión con el “desarrollo” no podrán quedar fuera de estos procesos dialógicos.

Aspiro a que los decisores políticos vean en la mediación comunitaria una propuesta de democratización de la palabra, de acceso a la justicia y de prevención de la violencia, que posibiliten una convivencia basada en el respeto por los derechos humanos.

Quisiera que la mediación comunitaria promueva ciudadanos responsables y comprometidos con la cultura del diálogo y del consenso como base de las relaciones sociales y como forma de gestionar la conflictividad social, de manera tal que el conflicto pueda transformarse en un proceso cooperativo que favorezca los cambios comunitarios.

4. El conflicto de unificar escuelas.

Con el desafío de pensar en alguna experiencia concreta que pueda ilustrar un trabajo que haya consistido en una verdadera concepción comunitaria de la mediación, recuerdo el abordaje que llevamos adelante en el caso de dos comunidades escolares en conflicto debido a la decisión de las autoridades educativas de unificar en una de las escuelas el funcionamiento de ambas. Esta resultaba la mejor salida que los jefes distritales encontraban para “reubicar” a la población de una de las escuelas que por problemas edilicios graves debía ser demolida por completo.

La convocatoria inicial para que la Defensoría del Pueblo abordara el conflicto fue realizada por el Ministerio de Educación.

La posición de ambas comunidades (docentes, directivos, padres, alumnos) era la misma: no estaban dispuestos a compartir un edificio que de por sí era insuficiente para su propia población, además de presentar falencias de distintos tipos.

Nuestro trabajo duró aproximadamente cinco meses, en los que realizamos todo tipo de reuniones: con cada comunidad por separado, con ambas, con y sin presencia de los directivos, con y sin presencia de los jefes distritales e inspectores, entre las directoras y con ellas en privado. Apostamos a todas las variantes de escenarios de diálogo que pudieran aportar a la gestión del conflicto, puesto que en los encuentros iniciales comenzaron a surgir otros tipos de conflictos que estaban “guardados” y esperando salir a la luz. Desde el primer día, procuramos que cada una de las personas que participaba del proceso se sintiera verdaderamente escuchada, respetada y considerada como sujeto. El plan de “reubicación” dejaba a estas comunidades en el lugar de meros objetos de las decisiones ministeriales sin posibilidad alguna de ser atendidas previamente.

Uno de los reclamos más fuertes de parte de padres, docentes y directivos de ambas escuelas era justamente el de la falta de participación en la decisión tomada, que no consideraba ni sus preocupaciones, ni sus demandas, ni sus historias, ni sus fantasmas. La falta de información sobre lo que ocurriría (incluso entre inspectores y directivos) reforzaba la sensación de no haber sido legitimados.

Pudimos revertir ese malestar con diálogo y más diálogo, y el nivel de compromiso en la participación se mantuvo intacto hasta el final, a pesar de los vaivenes que tuvo cada una de las etapas, y quiero incluir aquí a las autoridades educativas. Así, construimos entre todos la agenda de temas; nos propusimos que todas las voces se sintieran incluidas; procuramos trabajar con cada uno de los intereses y necesidades que fueron surgiendo.

En cuanto a las comunidades, si bien están geográficamente cercanas, son muy distintas: diferentes costumbres, culturas y modos. Sin embargo, a todos sus integrantes los unía el sentido de pertenencia a su escuela y la preocupación por no perder calidad en el servicio educativo.

Mediante nuestro trabajo de mediación comunitaria, acordamos acerca de la importancia de la circulación de la información, pero haciendo un uso responsable a la hora de transmitirla al resto. Asimismo, promovimos la búsqueda de opciones que posibilitaran una educación digna y en un ambiente adecuado para todos los niños.

Como forma de rescatar la historia de una de las escuelas y lo que había significado la construcción de sus paredes con sus propias manos, los vecinos armaron un libro que da cuenta de la importancia que la escuela tiene para esa comunidad.

También, como parte de las cuestiones que iban brotando de las conversaciones, promovimos la realización de la documentación de algunos niños y adultos que no tenían su documento nacional de identidad, e iniciamos otro proceso de mediación comunitaria entre dos docentes que mantenían una disputa.

Finalmente, luego de un largo período de evaluación de las opciones, con marchas y contramarchas, se encontró un edificio en el que la escuela podría funcionar hasta que la construcción de uno nuevo estuviera finalizada. Como cierre de lo recorrido juntos, ambas comunidades organizaron una jornada recreativa un sábado por la tarde.

Fue mucho lo que se trabajó en ese proceso de mediación y ello nos permitió crecer y aprender mucho. Espero haber reflejado en este relato lo que para mí significa una verdadera concepción comunitaria de la mediación, que incluyó, que empoderó, que promovió la emancipación, que escuchó y que respetó.